Por villasombrero.com
BANÍ, República Dominicana.- Los allanamientos que se han llevado a cabo contra individuos que se dedicaban presuntamente al tráfico humano, en Baní, Santiago y la capital, han dejado a 29 arrestados.
En la avenida Fabio F. Herrera, Las Marías, BHD, El Llano y Matanzas, provincia Peravia detuvieron a seis sospechosos, informaron las autoridades policiales.
Dos de ellos fueron identificados como Ismael Antonio Díaz Troncoso, administrador de plantas envasadoras de Gas Licuado de Petróleo, y Luis René Valdez Geraldino, oriundo de Matanzas, quien administra bancas deportivas, ambos en el municipio de Baní._+
Todos los detenidos fueron trasladados a Santiago de los Caballeros, ciudad donde se iniciaron las investigaciones en torno a una amplia red de tráfico de personas que se dedicaban supuestamente a la organización de viajes ilegales hacia Estados Unidos y Europa.
Las autoridades de la Dirección General de Persecución del delito de la Procuraduría General de la República, dijeron que previo al operativo se hizo un trabajo de inteligencia y de coordinación inter-institucional el cual ha sido considerado como el más grande operativo de investigación criminal ejecutado en el país.
En torno a los sospechosos, hay oficiales del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, y siete inspectores de la Dirección General de Migración.
El total, 294 efectivos policiales de investigación criminal, agentes de swat, inteligencia, y 16 fiscales participaron en la redada.
Fernando Quezada, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó esta red criminal se dedicaba al tráfico de personas hacia Estados Unidos, vía Haití, Bahamas, Tórtola, México y Puerto Rico.
La organización delictiva proporcionaba a las personas documentos de viajes de España, Venezuela, Guatemala, Chile, Panamá y Costa Rica. Para llegar a Estados Unidos y países europeos, cobraban entre 22 mil y 27 mil dólares.
La Procuraduría General de la República informó que a los sospechosos se les conocería medidas de coerción en el Tribunal de Atención Permanente de la ciudad Santiago, que es donde ha sido radicado el caso.
