Publicado: 26 mar 2012 | 01:22 MSK Un proyecto de ley en la asamblea legislativa del estado de Georgia, en EE. UU., podría impedir a los inmigrantes obtener licencias matrimoniales y acceder al suministro de agua y al servicio de alcantarillado en el estado a no ser que demuestren que viven legalmente en el país. El proyecto de ley, impulsado por el senador estatal republicano Barry Loudermilk, ha recibido críticas porque, de aprobarse, además impediría a los inmigrantes indocumentados inscribirse en las universidades y escuelas técnicas estatales. La iniciativa propone eliminar los pasaportes extranjeros de una lista de documentos de identidad “seguros y verificables" válidos para los casos en los que se requiera identificación para llevar a cabo un trámite oficial.
Última actualización: 26 mar 2012 | 04:30 MSK por Redaccion villasombrero.com
La lista, parte de una estricta ley aprobada el año pasado contra la inmigración ilegal, incluye entre otros, un pasaporte estadounidense, una tarjeta de identificación militar de EE. UU. y una licencia de conducir de EE. UU. También aparece un pasaporte extranjero, el único documento en el listado que tendrían los inmigrantes cuya situación no está regularizada.
Si se eliminase de la lista el pasaporte extranjero, el nuevo proyecto de ley evitaría en la práctica que los inmigrantes en situación irregular, que no cuentan con ningún otro documento adicional entre los necesarios para poder demostrar que están legalmente en el país, obtuviesen una licencia de matrimonio en Georgia o accediesen a los servicios de suministro de agua y alcantarillado en los municipios que requieren una identificación para la activación de dicho servicio.
Para Azadeh Shahshahani, abogada de la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), resulta preocupante que algunos legisladores no sean conscientes de las implicaciones que esta medida podría tener, informa la agencia AP.
Por su parte, Loudermilk no descarta que se lleven a cabo enmiendas en el proyecto de ley que rectifiquen algunas "consecuencias no previstas" como resultado de su aplicación.