Por Enrique Santana
Por Redaccion Villasombrero.com
En nuestra entrega anterior explicábamos cómo las propiedades de la familia Trujillo se fueron esfumando entre las manos corruptas de nuestros gobernantes, sus familiares y allegados. No crean que este carnaval de depredaciones del patrimonio nacional se haya detenido. Vimos el caso de la entrega por parte del gobierno al grupo Estrella de Santiago de una tajada importante del parque nacional de los Haitises. La indignación popular impidió que el proyecto se llevara a cabo. Sin embargo, las autoridades siguen dilapidando los recursos nacionales, como si el país fuera su finca particular. Le dieron categoría constitucional al despojo de nuestras playas por parte de empresas hoteleras y de particulares.
La mina de oro de Pueblo Viejo en Cotuí se le entregó bajo un contrato leonino a una compañía canadiense, la Barrick Gold, contrato que entre otras cosas establece que dicha compañía empezará a pagar impuestos al Estado a partir del momento en que ellos recobren el total de su inversión original.
Y ahora, otro despojo del patrimonio nacional ha sido ejecutado. Nos referimos a la “venta”, así entre comillas, de una gran faja del litoral de la capital dominicana a una empresa, creada para este fin y cuyo nombre comercial es el de Constructora Inversiones Turísticas Sans Souci, S. A. cuyos principales accionistas son la familia Vicini. La influencia económico-política de esta familia se remonta a los tiempos de la presidencia de Ulises Heureaux, cuando el tronco de esta familia, Juan Bautista Vicini, un inmigrante italiano llegado al país en 1868, se dedicó a ejercer el oficio de prestamista del gobierno del famoso dictador, a quien todos le conocían con el apodo de Lilís.
Sus actividades financieras le permitieron con el tiempo dedicarse a la producción azucarera, y en la actualidad esta familia es la segunda productora de azúcar en el país, sólo detrás del Central Romana Corporation. Un hijo de este señor, Juan Bautista Vicini Burgos, fue seleccionado para ejercer la presidencia de la Republica en 1922, durante el proceso de desocupación del país por las tropas norteamericanas que lo ocupaban desde 1916. Luego de esta pequeña reseña, podemos entender a quiénes se les está entregando parte de nuestro patrimonio territorial.
La franja de costa de la que se está desprendiendo el pueblo dominicano, va desde el monumento a Montesinos en la parte oeste de la desembocadura del río Ozama, yendo hacia el Este hasta más allá de donde está ubicada la base naval de la Marina de Guerra Dominicana, cuyas instalaciones (la base naval) están incluidas en el negocio.
El contrato de venta establece que los terrenos serán dedicados a (1) un proyecto marítimo y (2) un proyecto inmobiliario. El gobierno es tan ingenuo que no establece garantías para que en el caso de que el proyecto no sea viable, los terrenos sean retornados al Estado y así impedir que sean vendidos como solares, con millonarias ganancias para la Empresa, algo que ha sucedido ya en el pasado.
El precio de venta de los terrenos se establece en US$39,375,000.00 dólares, dinero que no entrara a las arcas del tesoro nacional, sino que serán invertidos por la Empresa compradora en obras de infraestructura.
Pero veamos cuales son las obras de infraestructura:
Entre otras, 4 millones de dólares para el acondicionamiento de áreas públicas colindantes con el proyecto.
Esta segunda partida es interesante: 7 millones de dólares para la construcción de 10,000 m2 de plazas y áreas comerciales. La ley establece que todo proyecto inmobiliario tiene que incluir (a expensas del propietario del proyecto) áreas verdes y áreas comerciales. En este caso, nosotros, los ciudadanos de este país, estamos pagando por algo que será propiedad exclusiva de los beneficiarios del contrato.
También pagaremos 3 millones de dólares por la construcción de la Ave. Sans Souci (que ya existe) y que bordeará el proyecto.
También se incluye como pago por los terrenos, 3 millones de dólares para estacionamientos y medio millón de dólares para el Club de Playa Sans Souci. Un club que, naturalmente, será privado y propiedad de la empresa constructora del proyecto.
El restante para completar los 39 y pico de millones de dólares son 5 millones para un puente flotante y 5 millones para reparar el rompeolas, además de 4 millones para dragado y saneamiento del puerto y 6 millones para un nuevo edificio para la Marina de Guerra.
En conclusión, estamos despojando al país de unos terrenos invalorables, privatizando su uso, pero sobre todo, a cambio de nada.
Si este contrato no es un atraco al patrimonio nacional, que venga Dios y lo vea.
