Ramón Cruz Benzán - 12/30/2009
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En la medida de coerción el fiscal adjunto Bienvenido Fabián Melo, coordinador del departamento de investigaciones de tráfico y consumo de drogas, había pedio al tribunal dictar medida de coerción consistente en el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica hasta tanto concluyan las investigaciones que realiza el ministerio público.
En la vista de la medida de coerción la defensa del abogado, José Fernando Pérez Vólquez, Nefri Pérez, y Moya Alonzo Sánchez, habían pedido al tribunal variar el monto de la garantía solicitada por el ministerio público alegando que su defendido no podía pagar esa cantidad, y que en cambio se le impusiera una fianza menor bajo la modalidad de contrato.
Según declaraciones de Florián Taveras Corominas, propietario de la compañía M.N.S. Intenational Busine Grop, éste dijo que se la vendió a Michael Dahuajre y éste último le pidió instrumentar un acto notarial a favor de Acosta Pérez para traspasarle las acciones, pero que ésta no se registró en la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional.
Dijo que le cedió el apartamento, que era propiedad de la compañía, al abogado a solicitud de Dahuajre y que no recibió ningún dinero del inmueble porque no era de su propiedad.
Declaró, además, que el abogado le solicitó un recibo por el pago del apartamento ascendente a cuatro millones de pesos, a lo que él se negó, ya que no fue él quien realmente vendió el apartamento, sino que lo quien se lo traspasó fue la compañía M.N.S. Intenational Busine Grop a Dahuajre, por lo que no hubo desembolso alguno.
De su lado, Acosta Pérez se desvinculó del caso y dijo que no conocía a Figueroa Agosto y que hay “intereses encontrados entre la maldad y el egoísmo por mi ejercicio fructífero de la profesión”.